Cronología del conflicto
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El genocidio de 1994 no fue el primer conflicto entre estas etnias pero sí el más grande y sangriento. Ruanda está conformada por tres etnias: hutu, tutsi y twa. Este país utilizó un sistema feudal y social basado en la casta (llamado el ubuhake), en el cual la propiedad del ganado le pertenecía a los tutsi, los hutu obtuvieron un papel de agricultor o esclavo y, a su vez, los twa empleaban la alfarería como principal motor de su economía.
Los hutu han estado históricamente sometidos por los tutsi, que tras invadir el país en el siglo XV, se las han ingeniado para monopolizar el Ejército, la política y la economía. El resultado ha sido una escalada de odios que ha dado lugar a uno de los conflictos más sangrientos de la historia.
Esta división entre etnias se basa casi enteramente en la clase social y en pequeñas diferencias físicas (se consideraba que los tutsi tenían el cráneo más grande, la nariz más perfilada, eran más altos y tenían un color de piel más claro), mientras que en otros aspectos (como religión, idioma, costumbres) poseen los mismos lineamientos. Estas divisiones sociales artificiales trajeron como consecuencia numerosos conflictos.
Tradicionalmente la etnia tutsi gobernaba Ruanda, sin embargo, en 1961 se produce la toma del control político por parte de la mayoría hutu, aboliendo la monarquía tutsi y declarando la república de Ruanda, siendo este el primer paso para que la población tutsi empezara a ser perseguida y discriminada.
La campaña anti-tutsi prosiguió y se incrementó en 1972 como consecuencia de la ejecución de más de 200.000 hutus en el Estado vecino de Burundi, a manos de los tutsis mayoritarios y gobernantes. Esto fue utilizado por el gobierno ruandés para seguir deslegitimizando y tomando medidas severas en contra de los tutsis ruandeses.
En 1987, tutsis refugiados en Uganda formaron el Frente Patriótico Ruandés (FPR), una organización dedicada a la democratización de la sociedad de Ruanda y al regreso de los refugiados ruandeses.
La tensión entre estas etnias siguió en aumento hasta que estalla en el genocidio de 1994.
Se define genocidio como cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Este acontecimiento tuvo su comienzo años antes a raíz de los discursos de odio del presidente Juvenal Habyarimana, quien en diciembre de 1991 creó una comisión para identificar al enemigo, llevando a la población hacia el aborrecimiento de la etnia tutsi y a todos aquellos que presten su ayuda a estos.
El gobierno del presidente Habyarimana realizó numerosas compras de armas de baja intensidad para ser utilizadas en el genocidio. “El gasto armamentístico entre 1990 y 1994 rondaba los 83 millones de dólares” (Melvern, 2007, p. 99). El dinero utilizado para esto fue de lo que el Fondo Monetario y el Banco Mundial habían otorgado para financiar el Programa de Ajuste Estructural (PAE).
Las oleadas de violencia se hacían cada vez más fuertes y notorias para la comunidad internacional, por lo que en 1992 se negocia el Acuerdo de Arusha, entre el presidente Habyarimana y el Frente Patriótico Ruandés. Este acuerdo establecía un alto al fuego, un gobierno de transición conformado por todos los bloques políticos y, finalmente, elecciones libres y democráticas.
Además, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su resolución 846 (1993) crea la Misión de Observadores de las Naciones Unidas para Uganda y Rwanda (UNOMUR, por sus siglas en inglés), la cual se estableció en un primer momento para ayudar a cumplir el Acuerdo de Paz de Arusha y para evitar el paso de armamento militar entre la frontera entre Ruanda y Uganda. Finalmente, el Acuerdo de Arusha es firmado el 4 de agosto de 1993.
En octubre de 1993, se establece la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Rwanda (UNAMIR, por sus siglas en inglés), cuyas funciones principales serían contribuir a preservar la seguridad de la capital de Kigali; supervisar el acuerdo de cesación del fuego, incluido el establecimiento de una zona desmilitarizada ampliada y los procedimientos de desmovilización; vigilar la situación en lo que se refiere a la seguridad durante el período final del mandato del gobierno de transición, hasta que se celebren las elecciones; y ayudar en la remoción de minas. Sin embargo, los acuerdos de paz y la ayuda internacional no lograron cesar los choques entre la población, evidenciándose esto en los continuos conflictos que sucedían en el país.
El 11 de enero de 1994, Roméo Dallaire, comandante de las Fuerzas de UNAMIR, pidió urgentemente protección a un informante que le expuso planes hutus para exterminar a los tutsis y provocar y matar a las tropas belgas para garantizar la retirada de Bélgica de Ruanda. En respuesta, la Organización de las Naciones Unidas afirmó que debía informar al presidente de Ruanda lo que había declarado el informante, a pesar de que era el propio círculo interno del presidente que planeaba la matanza de tutsis.
El último desencadenante del genocidio se dio el 6 de abril de 1994, día en que se produce el asesinato del presidente Habyarimana. Aunque no se ha podido comprobar quiénes fueron los culpables del acto, se sospecha que los extremistas hutus perpetraron el ataque, o bien por temor a que Habyarimana pusiera en práctica finalmente los Acuerdos de Arusha, o bien con el único propósito de desatar el genocidio (United States Institute of Peace, 2008).
Indistintamente del culpable, este hecho dio pie a que los extremistas hutus culparan a los tutsis del asesinato, logrando que en pocas horas este bando criminal tomara el poder y asesinara a la población tutsi y hutus moderados. En 100 días murieron más de 800 mil personas, casi todos civiles, un ritmo de matanzas que se compara con el de los peores casos en la historia de la humanidad.
Una cuestión fundamental en el desenlace del genocidio fue la inacción por parte de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. “En 1994 la comunidad internacional hizo muy poco cuando los extremistas del gobierno de Ruanda y sus partidarios llevaron a cabo una campaña brutal y sistemática para eliminar a un pueblo completo.” (United States Institute of Peace, 2008, p. 19).
El 8 de abril de 1994, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, menciona que se encuentra trabajando duro para asegurar el bienestar únicamente de los ciudadanos estadounidenses que se encontraban en la región.
A pesar de la visible masacre que se llevaba a cabo, el 21 de abril de 1994, las Naciones Unidas decide recortar sus fuerzas de 2.500 a 250 tras el asesinato de diez soldados belgas designados para custodiar a la primera ministra hutu, Agathe Uwiliyingimana.
A su vez, Francia y Bélgica enviaron tropas para rescatar a sus ciudadanos. Los civiles estadounidenses también fueron trasladados por aire. Ningún ruandés es rescatado, ni siquiera los ruandeses empleados por los gobiernos occidentales en sus embajadas, consulados, entre otros.
A pesar de que semanas antes fueron enviados mensajes solicitando ayuda, esta tardó muchos días en llegar. Las Naciones Unidas, al ver que no se apaciguaba el clima y seguían las matanzas de los tutsis y hutus moderados, para el 17 de mayo de 1994 acuerda enviar 6.800 soldados y policías a Ruanda con permiso para defender a los civiles. No es hasta este momento que aceptan usar la palabra genocidio. Una resolución del Consejo de Seguridad dice que "se pueden haber cometido actos de genocidio". Asimismo, el 22 de junio de 1994 se realiza el despliegue de tropas francesas en en el suroeste de Ruanda.
Para julio de 1994, el Frente Patriótico Ruandés logra tomar Kigali, la capital de Ruanda. No obstante, esto no detuvo las masacres entre la población: diferentes agencias de las Naciones Unidas aseguran que las tropas del Frente Patriótico Ruandés han llevado a cabo una serie de homicidios por represalia en Ruanda. Con la ley del Talión presente, la población ruandesa mantiene las divisiones sociales y los conflictos entre las distintas etnias, trayendo como consecuencia más desgracia y muertes.
¿Cuál fue la razón de que la comunidad internacional no actuara a tiempo para frenar la masacre?
Tal como se indica en el artículo 1, sección 1 de la Carta de las Naciones Unidas, el propósito de esta es:
“Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.” (Organización de las Naciones Unidas, 1948).
Este propósito no fue cumplido en cuanto al genocidio de Ruanda se refiere pues, siendo incluso que las propias tropas de la organización presentes en el país advirtieron con meses de antelación la masacre que se estaba forjando, y viendo luego la magnitud de las matanzas, la organización tardó lo suficiente para que más de 800.000 pobladores fueran asesinados. Habiendo enviado los mensajes pertinentes para solicitar la ayuda internacional, no se explica cómo mantuvieron las órdenes de inacción a las tropas en el país las cuales, además, fueron retiradas tiempo después al ver el crecimiento de la violencia.
Asimismo, se incumple el artículo I de la resolución 260 (III) de 1948 aprobada por la Asamblea General en el cual las partes contratantes se comprometen a prevenir y sancionar los actos de genocidio, ya que no actuaron oportunamente para evitar que el conflicto escalara a tales niveles de fatalidad.
Es importante señalar que el financiamiento de las armas utilizadas para el genocidio fue usurpado de los fondos otorgados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para programas de ajustes económicos, por lo que se pone en duda la capacidad que tienen estas instituciones de verificar que los préstamos que otorgan son utilizados para el fin pensado en un principio. Siendo, además, un país en el que se veía desde décadas atrás una fuerte confrontación étnica, las instituciones prestamistas no realizaron supervisiones para evitar dichas compras ilícitas.
Se debe entender cuál fue la falla en el tema de Ruanda para no caer nuevamente en tan trágico escenario. En este caso, fue inadecuado retirar las tropas internacionales en el momento cumbre del conflicto, ya que esta le dejó el camino libre a los extremistas. Con esperanzas de que el conflicto terminaría sin grandes perdidas, o dando espacio a que su propia población solventara el genocidio, se abandonó a la población desarmada que anhelaba el auxilio de la comunidad internacional.
En un intento por disculparse de lo sucedido, Anthony Lake, Director Ejecutivo de Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), exclama:
"Cuando me despierto cada mañana y miro los titulares, las historias y las imágenes en televisión de estos conflictos, quiero trabajar para solucionarlos, quiero trabajar para salvar a todos los niños, pero ni nosotros ni la comunidad internacional tenemos los recursos ni el mandato para hacerlo, así que tenemos que hacer distinciones, tenemos que hacer preguntas difíciles sobre dónde y cuándo podemos intervenir. La realidad es que a menudo no podemos resolver los problemas de otras personas, nunca podemos construir sus naciones para ellos.”
Ciertamente, toda organización tiene un alcance limitado y resulta inalcanzable el ideal de que esta pueda intervenir o prevenir cada conflicto, sin embargo, se debe evitar justificar a la organización y estudiar las razones que la llevaron a no actuar con oportuna rapidez en el genocidio de Ruanda, ya que esta sería la única manera de evitar un suceso similar en el futuro.
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